El Perú busca sostener un modelo regulatorio capaz de equilibrar supervisión, competitividad y crecimiento dentro del mercado digital de apuestas.
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El Perú pasó en pocos años de debatir la regulación del juego online a convertirse en una de las jurisdicciones más observadas de América Latina. Con decenas de autorizaciones otorgadas, 349 proveedores registrados y reconocimiento internacional de IMGL en 2025, la discusión ahora gira alrededor de fiscalización, competitividad y sostenibilidad del mercado formal. Todos los detalles en la siguiente entrevista a Yuri Guerra, director general de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.
¿Cuál es el balance que nos puede dar a la fecha de su gestión? ¿Cuál considera que ha sido el principal logro al frente de la DGJCMT?
El balance es claramente positivo. La DGJCMT ha logrado consolidar una etapa de madurez regulatoria en el Perú: mantenemos un control sólido sobre la actividad de casinos y máquinas tragamonedas y, al mismo tiempo, hemos conducido la incorporación efectiva de los juegos a distancia y las apuestas deportivas a un marco formal, supervisado y tecnológicamente exigente.
El principal logro ha sido pasar de la implementación normativa a resultados verificables. 47 autorizaciones para explotar juegos de apuestas deportivas a distancia y 45 autorizaciones para juegos a distancia, 349 proveedores registrados (plataforma tecnológica, juegos, cuotas, pasarelas de pagos, sistemas de verificación de identidad, entre otros) y 8 laboratorios acreditados.
A ello se suma el reconocimiento internacional otorgado en 2025 por la International Masters of Gaming Law – IMGL, que distinguió al MINCETUR como Regulador del Año 2025. Todo ello confirma que el Perú no solo regula, sino que regula con eficacia, consistencia y credibilidad.
Desde la perspectiva empresarial, ¿qué aspectos regulatorios siguen pendientes para fortalecer la competitividad del mercado peruano sin afectar el control estatal?
Desde la perspectiva del mercado formal, los retos pendientes no pasan por reducir controles, sino por perfeccionar la eficiencia regulatoria. Debemos seguir fortaleciendo la predictibilidad de los procedimientos, la claridad interpretativa de las obligaciones técnicas y la coordinación institucional, de manera que el cumplimiento sea exigente, pero también ordenado y proporcional.
El Perú ha construido un estándar alto: autorización previa, homologación de plataformas, auditorías, trazabilidad de operaciones, controles de seguridad y obligaciones de juego responsable. El desafío es preservar ese estándar evitando duplicidades, incertidumbres o cargas que no aporten directamente al objetivo de control.
Competitividad y supervisión estatal no son conceptos opuestos; por el contrario, una regulación clara, estable y técnicamente sustentada es uno de los principales factores para atraer inversión formal y sostenible.
El ISC aplicado al juego online y apuestas deportivas ha generado preocupación en distintos sectores. ¿Cuál es su evaluación sobre su impacto real en operadores formales y en la sostenibilidad del mercado?
El ISC debe evaluarse dentro de la arquitectura tributaria integral del sector y no de manera aislada. Su incorporación respondió a una decisión expresa de política fiscal, desarrollada normativamente mediante el Decreto Legislativo N.° 1644 y el Decreto Supremo N.° 254-2024-EF.
En ese contexto, el MINCETUR viene impulsando mesas técnicas de trabajo tanto con el MEF como con los operadores del sector. Desde la perspectiva regulatoria, corresponde evaluar sus efectos sobre tres variables fundamentales: la canalización hacia la oferta legal, la sostenibilidad de los operadores formales y la protección de los usuarios.
Ello no implica que el análisis del tema se encuentre concluido; por el contrario, la evolución del mercado debe continuar siendo monitoreada sobre la base de evidencia, diálogo técnico y una visión a largo plazo.
¿Existe riesgo de que una mayor presión tributaria incentive la migración de usuarios hacia plataformas ilegales o no reguladas?
Todo diseño tributario debe considerar el riesgo de desviar demanda hacia operadores ilegales si la carga total deja de ser competitiva. Esa es una preocupación legítima y por eso la evaluación debe ser permanente.
Sin embargo, en el caso peruano, la regulación no descansa únicamente en la tributación: se combina con autorización previa, fiscalización tecnológica, supervisión presencial y acciones concretas contra la oferta ilegal.
Desde el MINCETUR se han desarrollado esfuerzos a través de la fiscalización y supervisión de los Proveedores de Servicios Vinculados, con la finalidad de combatir el juego ilegal, lográndose reducir en un 40% la oferta ilegal en plataformas digitales y aplicativos. Asimismo, se ofició a proveedores de medios de pago y entidades financieras para bloquear servicios a operadores no autorizados.
La mejor defensa frente a la ilegalidad es un mercado formal competitivo, acompañado de una autoridad con capacidad efectiva de detección e intervención.
¿La lucha contra la ilegalidad sigue siendo uno de los principales desafíos del sector? ¿Qué avances concretos ha logrado la DGJCMT en fiscalización, bloqueo y formalización?
Los avances alcanzados son concretos y medibles. La DGJCMT ha intensificado los operativos, clausuras y acciones coordinadas con diversas entidades del Estado, consolidando además el proceso de formalización de la actividad presencial y digital.
Durante el año 2025, el MINCETUR reportó el cierre de siete salas ilegales de casinos y máquinas tragamonedas, así como de trece salas ilegales de apuestas deportivas. Asimismo, se dispuso la destrucción de 557 máquinas tragamonedas que operaban fuera del marco legal. A ello se suman las intervenciones realizadas en el 2026 en las regiones de Puno, Lambayeque, Cajamarca, Lima y La Libertad, donde se clausuraron 7 locales de apuestas deportivas a distancia no autorizados y 2 salas de juego de máquinas tragamonedas.
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Estos resultados reflejan una política de tolerancia cero frente al juego ilegal y evidencian una fiscalización que trasciende el ámbito normativo, materializándose en acciones efectivas sobre el territorio.
En el entorno digital, el MINCETUR logró reducir en un 40% la oferta ilegal en plataformas digitales y aplicativos, mediante acciones articuladas con los Proveedores de Servicios Vinculados. Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el juego ilegal, se ha iniciado el proceso de bloqueo de páginas web, direcciones IP, URL y aplicaciones correspondientes a operadores no autorizados, con la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, se han intensificado las acciones orientadas a identificar a personas naturales y jurídicas que promocionan actividades ilegales de juego, a fin de impulsar las acciones legales correspondientes a través del INDECOPI.
¿Qué tan preparado está actualmente el sistema peruano para enfrentar nuevas formas de operación ilegal, como plataformas offshore, métodos alternativos de pago o accesos mediante VPN?
El sistema peruano está hoy mejor preparado, aunque enfrentamos un fenómeno tecnológicamente dinámico. La Ley N.° 31557 prevé herramientas relevantes, como el bloqueo de páginas web, direcciones IP, URL y aplicaciones informáticas vinculadas con operadores no autorizados, con intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Además, la estrategia se complementa con requerimientos a proveedores de medios de pago y entidades financieras. Durante 2026, la DGJCMT ha seguido profundizando el componente tecnológico mediante protocolos de comunicación entre las plataformas y el Data Center del MINCETUR, renovación de homologaciones y exigencias de auditoría integral.
Frente a plataformas offshore, accesos mediante VPN o mecanismos alternativos de pago, la respuesta no puede depender de una única medida; nuestra regulación se ha construido sobre una supervisión por capas: jurídica, tecnológica, financiera y operativa.
Muchos operadores destacan avances regulatorios, pero también señalan mayores costos de cumplimiento. ¿Cómo equilibrar fiscalización, sostenibilidad empresarial y atracción de inversión?
El equilibrio se alcanza con regulación inteligente. Un mercado de juegos de azar no puede gestionarse bajo estándares mínimos, porque involucra protección del consumidor, prevención de riesgos, integridad tecnológica, resguardo del interés público e implementación de campañas de juego responsable.
Pero tampoco debe imponerse complejidad innecesaria. La tarea del regulador es asegurar que cada obligación tenga una justificación clara, que los procedimientos sean comprensibles y que la fiscalización se concentre en riesgos reales.
En esa lógica, los avances al 2026 en auditoría de plataformas, homologación y transmisión de información al MINCETUR apuntan a consolidar un esquema de control más técnico y menos fragmentado. La inversión formal valora la certeza: saber qué se exige, cómo se verifica y bajo qué reglas se compite.
Mirando hacia 2026, ¿cuáles son las principales prioridades regulatorias de la DGJCMT para seguir fortaleciendo el mercado peruano?
Las prioridades regulatorias de 2026 son claras. Primero, profundizar la supervisión tecnológica de los juegos a distancia y las apuestas deportivas, fortaleciendo la trazabilidad de la información y la interoperabilidad con los sistemas del MINCETUR.
Segundo, intensificar la lucha contra la ilegalidad, especialmente en plataformas digitales, locales no autorizados y circuitos de pago asociados.
Tercero, continuar perfeccionando el marco regulatorio para mantenerlo actualizado frente a la evolución del mercado, con énfasis en seguridad, fiscalización y protección del jugador.
Y cuarto, sostener el posicionamiento internacional del Perú como una jurisdicción seria, con reglas claras y capacidad de ejecución, siendo un estándar de referencia para nuevas regulaciones a nivel global.
La fiscalización del 100% de la actividad de juegos y apuestas a distancia durante 2026 forma parte de esa hoja de ruta.
Después de una larga trayectoria dentro de MINCETUR y tras asumir la dirección general, ¿qué legado busca dejar en la evolución del sector del juego en el Perú?
Aspiro a dejar un sector más ordenado, transparente y respetado; un sector donde la legalidad sea la regla y no la excepción, y donde el Estado demuestre que puede acompañar la innovación sin renunciar al control.
El legado más valioso sería haber contribuido a consolidar una regulación peruana moderna, reconocida internacionalmente y centrada en la protección del ciudadano. La experiencia del Perú demuestra que es posible articular desarrollo económico, recaudación, supervisión tecnológica y juego responsable dentro de un mismo modelo. Ese es el camino que debemos preservar: una industria formal y sostenible, bajo una autoridad técnica, predecible y firme.
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